1Enfoque de la guía y principios de rigor

Esta guía resume la normativa que afecta a las personas con discapacidad y a sus familias. Indica a qué puede tenerse derecho, qué solicitar, ante qué organismo, con qué documentación, con qué límites y con qué precauciones.

En España concurren normas estatales, autonómicas y municipales. Los criterios pueden variar de una provincia a otra. Por ello conviene usar esta guía en dos niveles. Primero, las reglas comunes a todo el Estado. Después, debe consultarse la ficha de la comunidad autónoma y del municipio. Ahí figuran los formularios, los plazos y las ayudas vigentes en cada zona.

1.1. Principios de trabajo

• Separar derechos estatales, autonómicos y municipales. Un certificado válido en toda España no significa que todos los beneficios se gestionen igual en todas partes.
• Distinguir reconocimiento jurídico y utilidad práctica. Tener un porcentaje puede abrir puertas, pero cada ayuda exige requisitos adicionales.
• Evitar promesas automáticas. Cada reconocimiento sirve para cosas distintas: la tarjeta de aparcamiento exige movilidad reducida (no basta un porcentaje), la pensión no contributiva exige el 65%, y la incapacidad permanente equivale al 33% de discapacidad solo a ciertos efectos.
• Trabajar con expediente documentado. Una solicitud débil suele ser una solicitud sin informes funcionales, sin cronología y sin explicación de cómo la enfermedad limita la vida diaria o el trabajo.
• Acompañar sin sustituir al profesional. Se puede orientar, ordenar documentos y detectar errores, pero no invadir funciones de médicos, trabajadores sociales, abogados o graduados sociales.

1.2. Matices que conviene aplicar

2Conceptos que no deben confundirse

Conviene aclarar una confusión frecuente: discapacidad, incapacidad laboral, dependencia y baja médica no son lo mismo. Una misma persona puede reunir varias a la vez. Cada una se solicita por una vía distinta. Las gestionan organismos distintos y producen efectos distintos.

2.1. Discapacidad: valoración amplia de vida diaria

El grado de discapacidad no valora solo la capacidad de trabajar. Valora cómo afecta en la vida diaria una limitación física, sensorial, intelectual, mental, orgánica o del desarrollo. Por eso dos personas con el mismo diagnóstico pueden obtener un grado distinto. El resultado depende de la limitación, de los apoyos disponibles y de las barreras del entorno.

El grado se expresa en porcentaje. El más conocido es el 33%, que abre el acceso a numerosas ayudas sociales, laborales y fiscales. El 65% es relevante para la pensión no contributiva de incapacidad, que exige además cumplir requisitos de edad, residencia e ingresos reducidos. El 75%, cuando además se necesita ayuda de otra persona para lo esencial, puede dar derecho a un complemento adicional en esas pensiones no contributivas.

2.2. Incapacidad laboral: valoración centrada en el trabajo

La incapacidad laboral depende de la Seguridad Social. No valora la discapacidad en general, sino la pérdida de capacidad para trabajar. Por eso hay personas con discapacidad reconocida que trabajan con normalidad. También hay personas con incapacidad permanente que tienen un grado de discapacidad bajo. Conviene retener dos datos. Una pensión de incapacidad permanente total puede ser compatible con otro trabajo distinto. Y el certificado de discapacidad, por sí solo, no da derecho a ninguna pensión.

2.3. Dependencia: apoyos personales, no porcentaje

La dependencia valora si se necesita ayuda de otra persona para actividades básicas: asearse, vestirse, comer, moverse, decidir o evitar peligros. Puede concurrir con la discapacidad y la incapacidad laboral. No obstante, se solicita por separado, por su propia vía (Ley 39/2006). Tiene tres grados: I (moderada), II (severa) y III (gran dependencia). Cuando se necesitan apoyos de forma estable, conviene valorar la solicitud de dependencia.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es la red pública que atiende la dependencia. Ofrece servicios y ayudas económicas. Para cada persona se concretan en su Programa Individual de Atención (PIA), el plan que determina las prestaciones que corresponden:

• Servicios: teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día/noche y atención residencial.
• Prestaciones económicas: vinculada al servicio, para cuidados en el entorno familiar (cuidador no profesional), y de asistencia personal (PEAP).

La prestación de asistente personal facilita vivir con autonomía en el domicilio, en lugar de en una residencia. Financia la ayuda de una persona que presta apoyo en los estudios, el trabajo y la vida diaria. Las normas y las cuantías varían de forma notable según la comunidad autónoma. Por ello debe consultarse siempre la ficha de cada zona.

2.4. Incapacidad temporal (baja): datos prácticos

Durante una baja, los primeros datos de interés son la cuantía, la fecha de inicio del cobro y el organismo pagador. Estos datos dependen en gran medida del origen de la baja:

Determinar bien el origen de la baja es importante, ya que muchas enfermedades pueden tener origen laboral y dar lugar a una prestación mayor. En caso de disconformidad con el alta del INSS o de la mutua, debe actuarse sin demora: el plazo para reclamar es muy corto (procedimiento de revisión del alta, art. 170 LGSS).

3Grado de discapacidad

3.1. Norma estatal y gestión autonómica

El grado de discapacidad se rige por una ley estatal igual para todo el territorio y por la gestión de cada comunidad autónoma. El Real Decreto 888/2022 cambió el procedimiento y los baremos (las tablas con las que se mide la situación de la persona). La solicitud se presenta en los servicios sociales de la comunidad autónoma. En Ceuta y Melilla la tramita el IMSERSO.

La resolución tiene validez en todo el territorio español. El grado no se pierde por un cambio de domicilio. Al cambiar de comunidad sí pueden cambiar la tarjeta física y la forma de acreditar el grado ante los servicios locales. También varían algunas ayudas concretas, porque dependen de las normas de cada comunidad o ayuntamiento.

3.2. Solicitud: dónde empezar

El procedimiento se inicia en los servicios sociales de base, en el centro de valoración de la comunidad autónoma o en su sede electrónica (la oficina por internet). Conviene pedir apoyo al trabajador social del centro de salud o del ayuntamiento para preparar el expediente. No debe presentarse la solicitud con informes sueltos ni sin describir cómo afecta en la vida diaria. Tampoco conviene presentarla con informes antiguos o que solo recojan el diagnóstico. Es necesario aportar: diagnóstico, evolución, tratamientos, pruebas objetivas, limitaciones funcionales y cómo afecta realmente en la vida diaria.

3.3. Documentación recomendable

• DNI/NIE y certificado de empadronamiento si lo exige la comunidad autónoma.
• Informes médicos actualizados de atención primaria y especialistas, públicos y privados.
• Informes de salud mental, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia o trabajo social cuando sean relevantes.
• Pruebas diagnósticas: radiografías, resonancias, analíticas, audiometrías, campimetrías, informes neuropsicológicos.
• Listado de medicación y tratamientos, con respuesta, efectos secundarios y adherencia.
• Descripción funcional de actividades afectadas: caminar, subir escaleras, cargar peso, aseo, sueño, comunicación, relaciones sociales, gestión administrativa, orientación, concentración o tolerancia al dolor.
• Informes laborales si afecta al empleo: adaptación del puesto, prevención de riesgos, limitaciones, bajas, cambios de tareas o despido relacionado.
• Resoluciones previas de discapacidad, dependencia, incapacidad temporal o permanente, si existen.

3.4. Valoración: equipo multiprofesional y ajustes

La valoración la realiza un equipo de varios profesionales (médicos, psicólogos y del ámbito social). La persona tiene derecho a ser atendida con accesibilidad, con apoyos para comunicarse y con un acompañante si lo necesita. La valoración puede ser presencial, solo documental, o por teléfono o videollamada. Si es por teléfono o videollamada, conviene tener a mano el expediente y una lista de las limitaciones. Se recomienda acudir con una persona de apoyo. Conviene anotar la fecha, la hora, quién llama y lo que se comunica.

3.5. Resolución: qué comprobar al recibirla

• Porcentaje total reconocido.
• Fecha de efectos, normalmente vinculada a la fecha de solicitud.
• Si hay reconocimiento de movilidad reducida.
• Si se reconoce necesidad de tercera persona o concurso de otra persona.
• Si el grado es revisable y en qué fecha, o si no se fija revisión ordinaria.
• Pie de recurso: órgano, plazo y forma de reclamar.
• Desglose de deficiencias, limitaciones y factores sociales, cuando se facilite.

Si la resolución reconoce menos de lo esperado, conviene revisarla con detalle. Debe comprobarse si se ha omitido alguna enfermedad. Conviene verificar si los baremos se han aplicado mal o si faltaban informes. También debe revisarse si quedó claro el impacto en la vida diaria o si existe algún error. Según el resultado, cabe reclamar, completar el expediente o esperar a una revisión por agravamiento.

3.6. La falsa suma de porcentajes

Existe la creencia de que las enfermedades se suman como en una cuenta. No es así. El sistema combina las limitaciones de forma ponderada (con más peso unas que otras) mediante una tabla de valores combinados. Cuanto mayor es la limitación principal, menos sube el porcentaje con cada limitación añadida. Los factores sociales se valoran aparte y no se mezclan con el baremo médico.

3.7. Qué debe describir un buen informe

Un informe útil no se limita al nombre de la enfermedad, como "hernia discal", "depresión", "fibromialgia", "hipoacusia" o "diabetes". Debe explicar las consecuencias: distancia que se puede caminar, frecuencia de las crisis, tolerancia al esfuerzo, dificultad para moverse o necesidad de ayuda. También las caídas, la audición, el cansancio, el dolor, los fallos de memoria, la visión, las bajadas de azúcar, la ansiedad o la imposibilidad de mantener una tarea.

Resulta útil redactar una hoja de impacto funcional (un documento que describe cómo afecta en la vida diaria). No sustituye al informe médico, pero ordena la situación real. Debe ser clara y concreta, y recoger solo datos comprobables: "necesita parar cada 150 metros", "no puede subir dos pisos sin descanso", "tiene tres crisis documentadas al mes", "necesita ayuda para ducharse".

3.8. Revisión por agravamiento: cuándo tiene sentido

La revisión debe solicitarse cuando hay diagnósticos nuevos, un empeoramiento claro, nuevas limitaciones o un cambio importante en los apoyos necesarios. Debe tenerse en cuenta que, al pedir la revisión, la administración examina de nuevo todo el expediente y el grado también podría reducirse. No conviene solicitarla por intuición ni por desacuerdo. Procede cuando existen informes sólidos y cuando aumentar el grado aporta un beneficio concreto.

4Tarjeta de estacionamiento (tarjeta azul)

Es la tarjeta azul europea que permite a las personas con movilidad reducida estacionar en condiciones especiales, lo más cerca posible del destino. Sus condiciones básicas de emisión y uso están reguladas por el Real Decreto 1056/2014, según el modelo comunitario uniforme. Tiene validez en toda España y es reconocida en los países de la Unión Europea, sin perjuicio de las condiciones de uso que concrete cada comunidad autónoma y ayuntamiento.

4.1. Quién puede pedirla

No depende del porcentaje global de discapacidad, sino de la movilidad reducida. Puede solicitarla quien cumpla alguno de estos supuestos:

• Tener reconocida oficialmente la movilidad reducida conforme al baremo (el RD 1056/2014 remite al baremo de movilidad, hoy integrado en el RD 888/2022).
• Agudeza visual igual o inferior a 0,1 en el mejor ojo con la mejor corrección posible, o campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminado por los equipos de valoración.
• Personas o entidades titulares de vehículos destinados al transporte colectivo de personas con discapacidad que presten servicios sociales (modalidad de transporte colectivo).

También pueden obtenerla los menores que cumplan los criterios. Es personal e intransferible y va vinculada a la persona titular, no al vehículo.

4.2. Dónde se pide y qué documentación se necesita

Se solicita en el ayuntamiento del municipio de residencia (o el órgano que determine la comunidad autónoma), normalmente con cita previa; muchos lo tramitan también por sede electrónica. La documentación habitual es:

• Solicitud oficial (modelo del ayuntamiento o CCAA) firmada.
• DNI/NIE de la persona titular (y del representante, si actúa otra persona en su nombre).
• Una o dos fotografías tamaño carné recientes.
• Resolución o certificado que reconoce la movilidad reducida (o, en su caso, los criterios de agudeza o campo visual). Es el documento clave.
• Empadronamiento, si el ayuntamiento lo exige.
• En caso de renovación: la tarjeta anterior.

Los requisitos exactos pueden variar entre municipios: conviene confirmarlos en la sede oficial antes de pedir cita.

4.3. ¿Existe una tarjeta provisional?

Sí. El propio RD 1056/2014 prevé una tarjeta de estacionamiento provisional para casos excepcionales: personas con movilidad reducida aunque todavía no haya sido dictaminada oficialmente, por una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga una reducción sustancial de la esperanza de vida y que, razonablemente, no permita tramitar a tiempo la solicitud ordinaria.

• Duración: máximo 1 año, prorrogable por otro año si se mantienen las condiciones.
• Documentación: certificado médico de los servicios públicos de salud, validado por la inspección de los servicios sanitarios competente según el domicilio.

4.4. Dónde se puede aparcar

Los derechos concretos los fija cada ayuntamiento por ordenanza, pero con carácter general la tarjeta permite:

• Estacionar en las plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
• Parar o estacionar el tiempo necesario en zonas restringidas para recoger o dejar a la persona, sin causar perjuicio grave al tráfico.
• En muchos municipios: estacionar en zona azul / ORA gratis o sin límite de tiempo, y en determinadas zonas restringidas — según la ordenanza local.

Tener la tarjeta permite además solicitar al ayuntamiento una plaza reservada nominativa cerca del domicilio o del trabajo, aunque su concesión no está garantizada (depende de la ordenanza y la disponibilidad).

5Incapacidad laboral permanente

5.1. Grados principales

La incapacidad permanente la reconoce la Seguridad Social. Se valora en función de cómo afecta a la capacidad para trabajar. Estos son los grados principales:

5.2. Incapacidad permanente total y empleo compatible

La incapacidad permanente total no es lo mismo que la absoluta. Con la total no se puede ejercer la profesión habitual. Sí se permite trabajar en otra actividad distinta, si sus tareas encajan con las limitaciones reconocidas. Lo determinante son las tareas reales del puesto, no su denominación. Si el nuevo trabajo repite los mismos esfuerzos, riesgos o tareas, no resulta compatible.

5.3. Incapacidad y discapacidad: efectos cruzados

Quien cobra una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad cuenta como persona con discapacidad del 33% para algunos efectos de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Ese 33% no surte efecto para todos los trámites. No sustituye al certificado de discapacidad que emite cada comunidad autónoma. Para muchas gestiones se exige igualmente ese certificado: empleo protegido, tarjeta autonómica, movilidad, ayudas de transporte o beneficios de vehículos.

5.4. Lesiones permanentes no incapacitantes (LPNI)

Entre la incapacidad parcial y la total existe una ayuda poco conocida: las lesiones permanentes no incapacitantes (secuelas fijas que no llegan a impedir el trabajo). Son secuelas, mutilaciones o deformidades definitivas causadas por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. No incapacitan, pero están recogidas en una lista oficial. Por ellas corresponde una indemnización a tanto alzado, es decir, un pago único.

• Requisitos: estar en alta, alta médica por curación y que la secuela conste en el baremo (Orden ISM/450/2023, art. 201 LGSS).
• Compatible con seguir trabajando.
• Muchos trabajadores con secuelas tienen este derecho y no lo solicitan por desconocerlo.

6Beneficios fiscales, transporte, vehículos y prestaciones

6.1. IRPF: mínimos y deducciones

La discapacidad no exime del IRPF de forma automática. Lo habitual es que aumente el mínimo personal y familiar (la cantidad que Hacienda resta antes de calcular el impuesto) o que se apliquen deducciones. El mínimo por discapacidad es de 3.000 € al año con un grado del 33% al 64%. Sube a 9.000 € con un 65% o más. A esa cifra pueden sumarse 3.000 € más por gastos de asistencia. Para añadirlos se requiere ayuda de otra persona, movilidad reducida o un grado igual o superior al 65%. Así, con un 65% o más y ayuda de otra persona, el total llega a 12.000 €.

La pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez no tributa por IRPF. La incapacidad permanente total sí tributa y no debe darse por exenta sin más. Es un error frecuente. Conviene confirmarlo en la AEAT o con un asesor fiscal.

6.2. Retenciones: el problema no es solo la deducción

Puede existir derecho a mínimos y deducciones y aun así resultar una declaración a pagar. Eso ocurre cuando durante el año se retuvo poco. Es habitual tras un cambio de empleo, con varios pagadores, al cobrar pensión o con contratos temporales. No es obligatorio comunicar el diagnóstico a nadie. Sí puede comunicarse el grado de discapacidad por la vía fiscal para ajustar la retención.

6.3. Pensión no contributiva de incapacidad

Esta pensión es para personas con un 65% o más de discapacidad. Exige además tener entre 18 y 65 años, residir legalmente en España el tiempo requerido y carecer de ingresos suficientes. La cuantía depende de los ingresos y de las personas con quienes se convive. Puede sumarse un complemento con un 75% o más y necesidad de ayuda de otra persona para los actos básicos del día. Si ya se percibía la PNC de invalidez y se empieza a trabajar, pueden compatibilizarse pensión y salario durante los 4 años siguientes. Para ello, la suma de pensión más ingresos no debe superar un tope anual. En 2026 ese tope es 16.003,20 € (el IPREM más la cuantía de la PNC). El IPREM es el indicador oficial de ingresos. Si se supera, la pensión se reduce. Transcurridos los 4 años, la pensión puede suspenderse y se recupera al cesar la actividad laboral.

6.4. Transporte y Tarjeta Dorada

La Tarjeta Dorada de Renfe puede solicitarla quien tenga un 33% o más de discapacidad. También determinados pensionistas de incapacidad permanente, en los casos admitidos. Con un 65% o más, puede existir una versión que incluye acompañante. Antes de elegirla, conviene comparar su descuento con las ofertas, abonos y otros billetes. No siempre resulta la opción más barata.

6.5. Vehículos: IVA, matriculación e impuesto municipal

El IVA reducido del 4% se aplica a coches usados habitualmente para transportar a personas con discapacidad. Tiene condiciones: sobre todo movilidad reducida o uso de silla de ruedas. El reconocimiento debe solicitarse a la Agencia Tributaria antes de matricular el coche. La exención del Impuesto de Matriculación también exige requisitos y reconocimiento previo. El impuesto municipal de circulación (IVTM) depende de la ordenanza de cada ayuntamiento. Suele aplicarse a un solo coche por persona.

6.6. Desempleo, subsidio para mayores de 52 años y coordinación

La discapacidad no concede ni retira el paro de forma automática. Tras perder el empleo, conviene revisar varios puntos: la cotización acumulada, la situación legal de desempleo, la inscripción como demandante y la compatibilidad del paro con la pensión o con un trabajo a tiempo parcial. Con 52 años o más, procede consultar el subsidio para mayores de 52 años, que puede aplicarse si se cumplen los requisitos. Algunas personas con discapacidad quedan en una situación intermedia. No alcanzan la incapacidad absoluta, no encuentran un trabajo adecuado y todavía no pueden jubilarse. En esos casos deben coordinarse tres organismos: el INSS, el SEPE y los servicios sociales.

6.7. Prestación por hijo o menor a cargo con discapacidad

Esta es una de las ayudas más sencillas de solicitar y, a la vez, de las menos conocidas. Es la prestación de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo con discapacidad. Puede solicitarse aunque existan ingresos: no tiene límite de renta. Se solicita en el INSS. Los importes son orientativos y debe confirmarse el del año en curso:

6.8. Complemento de la PNC por necesidad de tercera persona

Con un 75% o más y necesidad acreditada de otra persona para los actos básicos del día, la PNC de incapacidad suma un complemento. En 2026 asciende a 4.401,60 € al año (la mitad de la PNC completa). Como toda cifra económica, debe confirmarse en el IMSERSO.

6.9. Ventajas fiscales familiares: cónyuge, descendientes y ascendientes con discapacidad

La discapacidad no solo tiene ventajas fiscales para quien la tiene. También las tiene para su familia. El IRPF prevé dos vías distintas (Ley 35/2006). La primera son los mínimos: reducen la cantidad sobre la que Hacienda calcula el impuesto. La segunda son las deducciones familiares del artículo 81 bis: se restan de la cuota a pagar y funcionan como un «impuesto negativo». Esto significa que se perciben aunque la declaración no salga a pagar. Incluso puede solicitarse su abono anticipado, a razón de 100 € al mes.

El mínimo por discapacidad también se aplica por cada padre, madre, hijo o hija con discapacidad que conviva o dependa del contribuyente. Y se suma al mínimo familiar ordinario (art. 60). Las cifras son las mismas: 3.000 € con un grado del 33% al 64%, y 9.000 € con un 65% o más. A eso pueden añadirse 3.000 € más por gastos de asistencia si ese familiar tiene ayuda de otra persona, movilidad reducida o un grado del 65% o más.

El familiar debe cumplir tres condiciones (arts. 58 y 59). Una: convivir con el contribuyente o depender de él. Dos: no obtener rentas superiores a 8.000 € al año (sin contar las rentas exentas). Tres: no presentar declaración con rentas superiores a 1.800 €. Si varias personas tienen derecho por el mismo familiar, el mínimo se reparte a partes iguales.

Deducciones familiares del artículo 81 bis («impuesto negativo»). Se restan de la cuota a pagar. Se perciben aunque la declaración no salga a pagar. Puede solicitarse su abono anticipado, a razón de 100 € al mes. Para aplicarlas debe cumplirse una condición: estar de alta en la Seguridad Social o mutualidad por trabajo, o percibir una prestación como el paro o una pensión.

Declaración conjunta. Cuando la pareja obtiene rentas bajas (algo habitual con discapacidad y sin empleo), la declaración conjunta suele resultar más favorable. Resta 3.400 € de la base (2.150 € en familias de un solo progenitor). Y cada miembro mantiene su propio mínimo por discapacidad (art. 84). Conviene comparar siempre las dos opciones, conjunta e individual, antes de presentar.

7Empleo privado, centros especiales de empleo y datos médicos

7.1. Cuota de reserva y medidas alternativas

Las empresas con 50 o más trabajadores, públicas o privadas, deben reservar puestos para personas con discapacidad. La regla general es el 2% de la plantilla. En los casos previstos por la ley, la empresa puede cumplirlo con otras medidas. Esto favorece el acceso al empleo, pero no genera un derecho automático a la contratación. Conviene valorar si la oferta es real. En ocasiones se busca a una persona con discapacidad solo para obtener la bonificación, sin adaptar el puesto ni ofrecer continuidad.

7.2. Centros Especiales de Empleo

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) ofrecen trabajo remunerado a personas con discapacidad. Sirven de puente hacia el empleo ordinario. Al menos el 70% de su plantilla debe ser personal con discapacidad, según la Ley General de derechos. Además, el centro debe prestar apoyo personal y social. Un CEE no es un espacio de mera ocupación ni un empleo de segunda categoría. Conviene apoyar a los CEE de iniciativa social que prestan apoyo efectivo. Y deben denunciarse los abusos, la precariedad o la falta de salida hacia el empleo ordinario.

7.3. Intimidad médica en procesos de selección

La empresa puede necesitar conocer si existe certificado de discapacidad. Lo utiliza para aplicar la cuota, la bonificación o una adaptación. Pero no tiene derecho a conocer el diagnóstico, la medicación, la historia clínica ni el informe técnico completo. Los datos de salud gozan de especial protección. La aptitud para el puesto se comprueba en prevención de riesgos laborales, solo en lo necesario y con confidencialidad. En la entrevista procede tratar las capacidades, los apoyos necesarios y los límites en el trabajo. No es obligatorio facilitar etiquetas médicas.

7.4. Adaptaciones razonables

Un ajuste razonable es un cambio que permite trabajar en igualdad. Puede consistir en adaptar el horario, el puesto físico, las herramientas o la forma de comunicarse. También ritmos, descansos, acceso digital, cierto teletrabajo, apoyos técnicos o el reparto de tareas no esenciales. La empresa no está obligada a suprimir las funciones básicas del puesto ni a asumir un coste desproporcionado. Pero sí debe estudiar medidas reales antes de descartar a la persona.

8Empleo público, oposiciones y compatibilidad funcional

8.1. Cupos de reserva

El Estatuto Básico del Empleado Público reserva plazas para personas con discapacidad. El cupo es no inferior al 7% de las vacantes. Una parte de ese cupo se destina a la discapacidad intelectual. En la Administración General del Estado la reserva mínima sube al 10% de las plazas, con al menos un 2% para discapacidad intelectual. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden tener reglas propias, pero respetan estos mínimos.

8.2. No basta el cupo

El turno de discapacidad reduce la competencia, ya que se concurre dentro del cupo reservado. Sin embargo, no exime de los requisitos. Es necesario aprobar las pruebas como cualquier otro aspirante. También debe demostrarse que la discapacidad es compatible con las tareas del puesto. Las bases suelen exigir "capacidad funcional para el desempeño de las tareas". Conviene leer las bases con detalle antes de preparar la oposición.

8.3. Ajustes razonables en exámenes

Quien se presenta puede solicitar adaptaciones para el examen. Por ejemplo: más tiempo, un aula accesible, intérprete o apoyo para la comunicación, letra ampliada, ordenador, un sitio concreto, pausas o apoyos técnicos. La adaptación debe solicitarse dentro del plazo de inscripción. Es necesario adjuntar la documentación que justifica cada necesidad. La solicitud no debe dejarse para el día del examen.

8.4. Exclusiones médicas y profesiones con requisitos especiales

Algunas oposiciones tienen cuadros de exclusión médica o pruebas físicas exigentes. Es el caso de cuerpos policiales, bomberos, prisiones o conducción profesional. Una discapacidad no cierra el acceso a todo un sector. Conviene revisar las bases concretas de la convocatoria, las funciones del puesto y las resoluciones judiciales en casos parecidos. La exclusión automática, sin examinar el caso concreto, puede ser discriminación. La incompatibilidad real del puesto con una función esencial puede ser válida.

9Reclamaciones, vía judicial y justicia gratuita

9.1. Antes de recurrir: leer la resolución y pedir el expediente

Muchas reclamaciones fracasan porque se limitan a una queja general. Para que prospere, conviene señalar errores concretos. Por ejemplo: no se examinó un informe, se omitió un diagnóstico, no se valoró la movilidad, se fijó mal la fecha de efectos, se aplicó mal el baremo, no se motivó la decisión, o el porcentaje no encaja con las limitaciones reconocidas.

El primer paso es pedir copia del dictamen y del expediente. La resolución de discapacidad se basa en un dictamen técnico-facultativo (el informe que firma el equipo que realiza la valoración). La de incapacidad permanente se basa en el dictamen-propuesta del EVI (el informe del Equipo de Valoración de Incapacidades). Existe derecho a consultar el expediente y a obtener copia (art. 53 Ley 39/2015). Sin ese dictamen no se conocen las enfermedades ni los baremos aplicados. Y sin esa información no es posible recurrir con argumentos.

9.2. Discapacidad y dependencia: orden social

La Ley de la jurisdicción social (Ley 36/2011) atribuye estos asuntos al orden social (los juzgados de lo social). En esa vía se decide el grado de discapacidad y las cuestiones de la Ley de Dependencia. Es una materia en cambio. Durante años se reclamaba por otra vía: primero un recurso de alzada y luego los juzgados de lo contencioso-administrativo. El RD 888/2022 (art. 13) traslada el asunto a la reclamación previa de la vía social (art. 71 LRJS). Las reglas varían según la comunidad autónoma. Por ello, debe consultarse siempre el pie de recurso de la resolución: indica a quién reclamar, por qué vía y en qué plazo. El error en la vía puede suponer la pérdida del plazo.

9.3. Incapacidad permanente: reclamación previa y demanda

Cuando el INSS deniega la incapacidad permanente, debe presentarse primero una reclamación previa. Si se rechaza o no se responde a tiempo, el caso se lleva al Juzgado de lo Social. Los plazos son cortos y de obligado cumplimiento. La decisión no debe demorarse hasta el vencimiento del plazo. En caso de duda, conviene acudir cuanto antes a un abogado, un graduado social o un servicio jurídico especializado.

9.4. Justicia gratuita

La justicia gratuita consiste en un abogado y un procurador costeados por el Estado. Se concede, con carácter general, a quien tiene pocos ingresos. El límite se calcula según el IPREM (indicador oficial de ingresos que el Estado usa para fijar ayudas) y según el patrimonio. Existen casos especiales por motivos de familia, de salud o de discapacidad vinculados al asunto. En esos casos el límite puede elevarse hasta cinco veces el IPREM. Algunas asociaciones de utilidad pública que defienden a personas con discapacidad tienen además derechos propios. La justicia gratuita puede cubrir el consejo previo, el abogado y el procurador, eximir de tasas y depósitos, y aportar un perito gratuito. Conviene solicitarla pronto, conservar los justificantes y recurrir su denegación si carece de motivo.

9.5. Periciales médicas: cuándo aportan valor

Un informe pericial privado lo emite un médico de confianza a cargo del interesado. Puede ser determinante si traduce los diagnósticos a limitaciones concretas y al baremo aplicable. Sin embargo, tiene coste y no siempre resulta rentable. Tiene más sentido en estos casos: historial médico complejo, informes importantes ignorados por la administración, discrepancia entre los especialistas y la valoración oficial, o cuando hay mucho en juego. Por ejemplo, una incapacidad permanente absoluta, una gran invalidez, la movilidad reducida o un cambio de grado con un importe relevante en juego.

10Anexos prácticos

Anexo A · Checklist para solicitar el grado de discapacidad

• Formulario oficial de la comunidad autónoma firmado.
• DNI/NIE y representación, si otra persona actúa en nombre del solicitante.
• Empadronamiento, si se exige.
• Informes médicos de los últimos 12-24 meses, priorizando los más completos.
• Informes de especialistas públicos y privados ordenados por fecha.
• Pruebas diagnósticas relevantes.
• Informe social si hay vulnerabilidad, aislamiento, vivienda inadecuada o falta de apoyos.
• Hoja de impacto funcional redactada con lenguaje concreto.
• Resoluciones previas de discapacidad, dependencia, incapacidad o bajas prolongadas.
• Índice de documentos y copia completa para la persona solicitante.

Anexo B · Hoja breve de impacto funcional

Plantilla interna, breve y verificable:

1. Diagnóstico principal y fecha aproximada de inicio.
2. Tratamientos actuales y respuesta.
3. Tres actividades de vida diaria más limitadas.
4. Distancia de marcha o tiempo de bipedestación si hay problema físico.
5. Frecuencia de crisis, brotes, urgencias o ingresos si existen.
6. Apoyos personales o técnicos que utiliza.
7. Barreras en vivienda, transporte, empleo o comunicación.
8. Qué ha empeorado desde la última resolución, si se pide revisión.

Anexo C · Señales de alarma jurídica

• Resolución recibida hace pocos días con pie de recurso.
• Alta médica del INSS o de mutua con desacuerdo de la persona.
• Denegación de incapacidad permanente tras expediente iniciado.
• Despido, sanción o no renovación tras comunicar discapacidad o pedir adaptación.
• Empresa que exige diagnósticos completos o dictamen técnico en entrevista.
• Administración que no contesta a una solicitud con plazo vencido.
• Denegación de justicia gratuita pese a relación clara con discapacidad o salud.
• Retirada de tarjeta, movilidad o grado sin motivación comprensible.

Anexo D · Glosario mínimo

Anexo E · Mapa: qué pedir según tu objetivo

Árbol rápido de decisión. Cada objetivo tiene su propio trámite y órgano competente.

El grado de discapacidad y la dependencia tienen un plazo legal de resolución de 6 meses, pero los efectos se retrotraen a la fecha de solicitud, de modo que la demora administrativa no hace perder lo devengado.

Anexo F · Fuentes normativas (enlaces al BOE)

Textos oficiales en el Boletín Oficial del Estado (versión consolidada cuando existe), agrupados por materia.

• RD Legislativo 1/2013 — Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (LGD).
• RD 888/2022 — procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y nuevos baremos.
• Orden DSA/934/2023 — corrección de los baremos del RD 888/2022.
• RD 1056/2014 — tarjeta de estacionamiento por movilidad reducida.

• RD Legislativo 8/2015 — Ley General de la Seguridad Social (LGSS): incapacidad temporal, permanente y LPNI.
• Ley 2/2025, de 29 de abril — fin de la extinción automática del contrato por incapacidad permanente; adaptación terminológica (gran incapacidad).
• Ley 35/2006 del IRPF — mínimos por discapacidad y exención de la IP absoluta y gran incapacidad (art. 7.f).

• Ley 39/2006 — autonomía personal y atención a la dependencia (crea el SAAD).
• RD 174/2011 — baremo de valoración de la situación de dependencia (BVD).
• RD 1051/2013 — prestaciones del SAAD, modificado por el RD 675/2023 (cuantías e intensidades).

• RD Legislativo 5/2015 (EBEP) y RD-ley 6/2023 — cupos de reserva en empleo público (7% / 10% AGE).
• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales — vigilancia de la salud y confidencialidad del diagnóstico.
• RD 193/2023 — condiciones básicas de accesibilidad en bienes y servicios.
• Ley 36/2011 (LRJS) — jurisdicción social; reclamación previa (art. 71).
• Ley 1/1996 — asistencia jurídica gratuita.
• Ley 8/2021 — medidas de apoyo a personas con discapacidad (sustituye la incapacitación).
• Ley 39/2015 — procedimiento administrativo común; derecho de acceso al expediente (art. 53).

Recursos administrativos: BOE — Legislación consolidada · Agencia Tributaria (IRPF, IVA 4%) · IMSERSO (PNC, cuantías) · SEPE (desempleo) · Renfe (Tarjeta Dorada) · normativa autonómica y ordenanzas municipales.